Carolina Arbeláez, Jairo Cristo y Carlos Jiménez.
Carolina Arbeláez, Jairo Cristo y Carlos Jiménez.
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Admiten demanda de pérdida de investidura contra tres congresistas, por conflicto de intereses

La demanda fue interpuesta por Cajar.

El Consejo de Estado aceptado las demandas de pérdida de investidura presentadas por el Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), contra tres congresistas del partido Cambio Radical: Adriana Carolina Arbeláez, Jairo Humberto Cristo y Carlos Abraham Jiménez.

Los tres enfrentan ahora una acción legal por presuntos conflictos de interés durante la votación del Presupuesto General de la Nación en octubre de 2023.

El hecho surge en torno a una votación crucial que tuvo lugar el 18 de octubre de 2023, donde se propuso aplazar la implementación de los impuestos a productos ultraprocesados y bebidas endulzadas, justo en medio de los debates del Presupuesto General de la Nación. Según las alegaciones de Yessika Hoyos, presidente de Cajar, los congresistas en cuestión participaron en la votación de esta propuesta sin revelar la financiación recibida en sus campañas electorales, lo que podría constituir un conflicto de interés.

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Carlos Abraham Jiménez, beneficiario de aportes significativos por parte de Bavaria y Postobón, intervino en la suscripción de la proposición que buscaba dilatar la entrada en vigencia de la medida, en defensa de los intereses de estas corporaciones durante el debate. Por su parte, Adriana Arbeláez y Jairo Humberto Cristo, también beneficiarios de donaciones de las mismas compañías, votaron a favor del aplazamiento sin notificar al Congreso sobre estos vínculos financieros con las empresas que se verían afectadas por esta iniciativa.

Por otra parte, la abogada Yessika Hoyos fue premiada este 9 de mayo de 2024 en Washington, EE.UU., por la Campaign for Tobacco-Free Kids y Global Health Advocacy, en reconocimiento a su incansable labor en la lucha contra la influencia indebida en las políticas públicas de la industria de comestibles utraprocesados y las bebidas endulzadas en Colombia, así como la protección de la alimentación como un derecho humano fundamental en el país.

Con información de Cajar